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Autoridades de gobierno recibirán capacitación para garantizar el acceso a los DDHH para las personas con discapacidad

Archivo creado:
Enero, 2017
Autor:

Roberto Rojas y Pamela Molina, especialistas del Departamento de Inclusión Social de la OEA, presentaron el proyecto “Fortalecimiento de capacidades de operadores de justicia y autoridades gubernamentales en torno a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de personas con discapacidad” que ha sido implementado por el Departamento desde 2016. Este proyecto fue concebido para impulsar reformas legales, iniciativas políticas y/o programáticas en relación a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos de personas con discapacidad, a fin de garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de este grupo de la sociedad.

Entre los resultados esperados está la definición de una estrategia para la promoción de la implementación de los artículos 12 y 13 de la Convención de ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y de la CIADDIS-OEA entre operadores de justicia, legisladores, abogados y otros actores que inciden en la temática; la elaboración de un currículo de capacitación regional eficaz y replicable, de manera presencial y virtual, para ampliar conocimiento y conciencia sobre el tema en toda la región, y el incremento en las iniciativas de armonización legislativa y de políticas y programas públicos orientados al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, los derechos humanos y el acceso a la participación plena como ciudadanos y ciudadanas, de las personas con discapacidad, en consonancia con los marcos normativos del sistema interamericano y universal.

Este proyecto tendrá una duración de 12 meses y será implementado en seis países de la región: Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana.

Perfil del proyecto:

PROYECTO

Fortalecimiento de Competencias sobre el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad a Operadores de Justicia y otros actores de seis países de la región

PAÍS(ES) BENEFICIARIO(S)

Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana

DURACIÓN ESTIMADA (MESES)

12

UNIDAD RESPONSABLE:

Departamento de Inclusión social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos.

RESUMEN EJECUTIVO

I. PROPÓSITO:

Operadores de justicia, facilitadores judiciales, autoridades gubernamentales y líderes de la sociedad civil de personas con discapacidad de los seis países participantes cuentan con competencias teórico-prácticas sobre el ejercicio de la Capacidad Jurídica y el Acceso a la Justicia de personas con discapacidad.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

2.1 El Problema: Alrededor de un 15% de la población en México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Colombia y Perú, se encuentra en situación de discapacidad, según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (2011). La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA (CIADDIS), en su artículo I.2., inciso b, establece que la declaración de incapacidad absoluta (o interdicción), basada en discapacidad, y que autoriza el reemplazo de la persona en la toma de decisiones por un “curador” o “tutor legal”, no se considerará discriminación. El resultado de esto hasta ahora ha sido la desprotección y abuso de personas con discapacidad a manos de sus guardianes legales y su nulo ejercicio ciudadano. No pueden casarse, no pueden votar, no pueden administrar patrimonio, no tienen derecho a decidir sobre su propio tratamiento médico, o dónde y cómo vivir. La Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN-CDPD, 2008), introdujo un cambio radical en este tema, afirmando en su artículo 12 el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica sin ninguna restricción por causa de discapacidad, en todos los ámbitos de la vida. El Comité de Seguimiento de la CIADDIS (CEDDIS), vio la inmediata necesidad de armonizar la CIADDIS al nuevo paradigma establecido por la UN-CDPD, y elaboró una Observación General que interpreta el artículo I.2.b., instando a los Estados Partes a tomar medidas en concordancia con el artículo 12 de la UN-CDPD, para garantizar el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica, independientemente del grado y tipo de discapacidad y sustituir la figura de la interdicción por prácticas de toma de decisiones con apoyo. También insta a los Estados a desarrollar acciones de capacitación y de armonización legislativa en el tema.

Los países de la región aún conservan restricciones discriminatorias en el ejercicio de la capacidad jurídica y el acceso a la justicia por causa de discapacidad, aplicando normas nacionales –como la figura de la interdicción- que contradicen el marco regional e internacional en Derechos de Personas con Discapacidad, el cual es mayormente desconocido por muchos tomadores de decisiones. Esto agrava la situación de exclusión y de negación de derechos en que viven las personas con discapacidad.

Objetivo: Fortalecer las competencias teórico-prácticas de operadores judiciales y otros actores claves de seis países de la región, sobre el ejercicio de la Capacidad Jurídica y el Acceso a la Justicia de personas con discapacidad, que les faciliten aplicar los marcos jurídicos internacionales y regionales en el tema y la Observación General del CEDDIS, en casos concretos en cada país.

Cómo lo haremos: a través de 6 talleres de capacitación presencial, y otros 3 talleres de capacitación virtual, dirigidos a los gobiernos, operadores judiciales y otros tomadores de decisiones del ámbito público y de la sociedad civil de seis países de la región que han manifestado interés en trabajar en este tema con la OEA. También a través de la elaboración y diseminación de información replicable para los beneficiarios del proyecto.

Resultados Esperados: En doce meses, un total de 90 Operadores de Justicia y otras autoridades, y 90 líderes de la sociedad civil, además de otros 200 actores capacitados de manera virtual, de seis países de la región, habrán fortalecido sus competencias para aplicar las normas regionales e internacionales en la materia. Al menos dos países formularán una iniciativa legislativa, o programática o política, que se armonice con la norma regional e internacional en la materia, para fortalecer el ejercicio ciudadano pleno y su acceso a la justicia, de las personas con discapacidad.

Clase de Recurso: